La participación social en la educación, especialmente en la escuela, ha estado presente casi siempre en todo el país de distintas maneras. En México, prácticamente en cada plantel educativo público, está la mano y las acciones de los padres de familia y la comunidad en la donación de terrenos para escuelas, construcción de aulas, canchas deportivas, bardas perimetrales, baños, mantenimiento de instalaciones, equipamiento de aulas y tantas actividades más sin las cuales no sería posible contar con la infraestructura existente.
A raíz de la instalación del nuevo Consejo Nacional de Participación Social, como lo marca la Ley General de Educación, la Secretaría Técnica del mismo se avocó a realizar visitas a todas las entidades federativas, a efecto de promover y fijar un calendario para la constitución de los Consejos Escola res de Participación Social que fa ltaban, así como la reestructuración de los existentes conforme a la normatividad vigente, para log rar que estén instalados y operen en su totalidad a partir del primer semestre del ciclo escolar 2014-2015.
En este sentido, la Secretaría de Educación Pública tiene el compromiso de que los Consejos de Participación Social, además de estar debidamente constituidos, funcionen adecuadamente y generen actitudes de confianza y entusiasmo entre los miembros de la comunidad educativa.
Al cierre del mes de diciembre de 22014 se tenían registrados alrededor de 185,000 Consejos Escolares de Participación Social; sin embargo, existe la percepción de que algunos Consejos no funcionan plenamente.
La incorporación al texto legal y formalización de la participación social en la educación surgió con la promulgación de la Ley General de Educación en el año de 1993 y se reguló por diversos Acuerdos Secretariales.
Con base en las iniciativas presentadas por el C. Presidente de la República ante el Congreso de la Unión, se adicionaron y modifica ron los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expidieron la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; además, se reformó la Ley General de Educación.
